Por Nomatedigo – Judiciales / Economía
La investigación judicial iniciada tras la denuncia del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña contra la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se solicitaran medidas cautelares sobre bienes vinculados a la operatoria financiera bajo sospecha.
La presentación judicial impulsada por el intendente Bruno Cipolini apunta a determinar posibles irregularidades en la colocación de fondos públicos por más de $500 millones en instrumentos financieros considerados de alto riesgo.
Pedido de embargos
En el marco de la causa, la querella requirió:
- embargos preventivos
- secuestro de documentación interna
- y pericias contables
con el objetivo de reconstruir el circuito de las operaciones realizadas a través de la entidad bursátil provincial.
El foco de la investigación está puesto en la compra de cheques electrónicos no garantizados (E-Cheqs) que habrían sido adquiridos sin consentimiento expreso del municipio y que posteriormente resultaron rechazados por falta de fondos.
Según la denuncia, el perjuicio económico ascendería a aproximadamente $505 millones.
Hipótesis en análisis
La causa investiga posibles delitos vinculados a:
- estafa
- administración fraudulenta agravada
- y eventual asociación ilícita
en el marco de inversiones que, de acuerdo al planteo municipal, no se ajustaban al perfil conservador autorizado para la administración de fondos públicos.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si la operatoria respondió a una negligencia técnica o a una maniobra deliberada que terminó afectando el patrimonio de la comuna.
