En medio de una situación crítica que ya arrasó con más de 230.000 hectáreas en el sur del país, el Gobierno nacional analiza la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea. La medida, reclamada con fuerza por los gobernadores patagónicos, buscaría saltear trabas legislativas y agilizar la respuesta ante el avance del fuego.
Fondos urgentes y presión federal
Mientras se define la letra chica del decreto, el Ejecutivo ya dio un primer paso administrativo: este jueves se oficializó la transferencia de $100.000 millones destinados a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país para renovar equipamiento y mejorar la capacidad operativa.
Sin embargo, para los mandatarios regionales de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, este envío de fondos es solo una parte de la solución. La declaración de emergencia por DNU permitiría:
- Asignación directa de ATN: Transferencias urgentes de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias más golpeadas.
- Refuerzo salarial: Se contempla un adicional extraordinario para los brigadistas que combaten en la primera línea.
- Exenciones impositivas: Alivio fiscal para productores y familias que perdieron viviendas y bienes.
- Contratación directa: Agilidad para sumar más aviones hidrantes y helicópteros sin los tiempos de una licitación estándar.
Un panorama desolador
Las cifras que manejan las provincias justifican la urgencia del pedido. Según los últimos relevamientos, el impacto es desigual pero profundo en toda la región:
- La Pampa: 168.000 hectáreas afectadas.
- Chubut: 45.000 hectáreas (con focos que han superado los 50 metros de altura).
- Río Negro: 10.000 hectáreas.
- Neuquén: 6.000 hectáreas.
El camino del DNU vs. el Congreso
El pedido de los gobernadores surge debido a que el proyecto de Ley de Emergencia Ígnea no fue incluido originalmente en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Ante la imposibilidad de esperar a los tiempos legislativos habituales, el presidente Javier Milei optaría por la vía del decreto para dar una respuesta inmediata a la “catástrofe ígnea, social y ambiental” que atraviesa el sur argentino.
De concretarse, el DNU funcionaría como el marco legal necesario para coordinar el despliegue de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil en un operativo de escala nacional.
