Por Nomatedigo – Economía / Judiciales
La entrada en vigencia de la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, aprobada junto al Presupuesto 2026, comenzó a generar un fuerte impacto en el fuero Penal Económico, donde se registra el cierre masivo de expedientes por evasión tributaria en distintos juzgados del país.
Según informaron fuentes judiciales citadas por medios nacionales, en apenas 13 días hábiles de actividad tras la feria judicial de verano comenzaron a archivarse causas a un ritmo de entre 15 y 20 por día, debido a la actualización de los montos mínimos punibles para delitos fiscales.
Nuevos montos
La nueva normativa elevó significativamente los umbrales a partir de los cuales la evasión constituye un delito penal:
- La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000
- La evasión agravada se incrementó de $15.000.000 a $1.000.000.000
- La evasión mediante terceros subió de $2.000.000 a $200.000.000
Este incremento —que en algunos casos supera el 3000%— dejó fuera del ámbito penal a la mayoría de las causas actualmente en trámite.
Ley penal más benigna
El cierre de los expedientes se basa en el principio constitucional de la ley penal más benigna, que permite aplicar retroactivamente una norma cuando resulta más favorable para el imputado.
En este caso, jueces y fiscales comenzaron a aplicar los nuevos montos incluso a causas iniciadas con anterioridad, lo que derivó en el archivo de investigaciones que ya no superan los umbrales establecidos por la nueva legislación.
Cambio de tratamiento
A partir de ahora, muchas de estas situaciones dejarán de ser tratadas en el ámbito penal y pasarán a la órbita administrativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que podrá aplicar sanciones económicas o multas sin intervención de la Justicia penal.
El fenómeno aún se encuentra en desarrollo y podría modificar significativamente la carga de trabajo del fuero Penal Económico en los próximos meses.
