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Licencias gremiales: el Gobierno del Chaco busca que el Estado deje de pagar salarios a quienes no trabajan

ferro gremios licencias

Por Nomatedigo – Política / Chaco

El Gobierno del Chaco presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen de licencias gremiales en el sector público para que los trabajadores que se aparten de sus funciones por tareas sindicales no perciban su salario del Estado durante ese período.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Gobierno provincial, Julio Ferro, quien sostuvo que la medida busca evitar que se paguen sueldos con fondos públicos a empleados que no cumplen tareas dentro de la administración.

Según explicó el funcionario, actualmente los representantes gremiales que acceden a licencias continúan cobrando el 100% de su salario, pese a no desempeñar funciones laborales dentro del Estado.

“No hay que pagar a quien no trabaja”

Al defender el proyecto, Ferro afirmó que el objetivo es que el Estado deje de financiar salarios durante las licencias sindicales.

El ministro remarcó que el derecho a la representación gremial no se elimina, pero consideró que el costo de esas tareas debería ser asumido por los propios sindicatos y no por el Estado.

En ese sentido, planteó que mantener el pago de sueldos a trabajadores que no cumplen funciones dentro de la administración pública implica un gasto que termina siendo financiado por todos los contribuyentes.

Un gasto estimado en $200 millones

De acuerdo con estimaciones del Gobierno provincial, el pago de salarios a trabajadores con licencia gremial representa alrededor de 200 millones de pesos mensuales.

Ese monto se distribuye entre el sector educativo y la administración pública central, según datos difundidos por el propio Ejecutivo provincial.

Debate en la Legislatura

El proyecto ya fue presentado en la Legislatura chaqueña y forma parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno del gobernador Leandro Zdero orientadas a revisar gastos del Estado y reorganizar la administración pública.

La iniciativa deberá ahora ser debatida por los diputados provinciales, donde podría abrirse una discusión política y sindical sobre el financiamiento de las actividades gremiales dentro del sector público.

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