Por Nomatedigo – Economía / Política
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del plus por presentismo para los empleados de la Administración Pública Nacional, una medida que impactará directamente en los haberes de miles de trabajadores estatales a partir de las liquidaciones correspondientes a febrero 2026, que se pagan en marzo.
El plus por presentismo —también conocido como “Premio Estímulo a la Asistencia”— funcionaba como un adicional en el recibo de sueldo para quienes no registraban inasistencias durante el mes, y en algunos casos podía representar hasta $150.000 mensuales para empleados de menor categoría.
Impacto en salarios y condiciones
La decisión, adoptada tras el vencimiento de la prórroga que mantenía vigente este beneficio hasta fines de 2025, fue formalizada en el Boletín Oficial y afecta a trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo:
- Personal de Casa Rosada
- Ministerios nacionales
- Organismos descentralizados
- Dependencias de la Administración Central
Con la desaparición de este ítem, los salarios netos de bolsillo disminuirán de manera directa, especialmente para quienes venían percibiendo este estímulo como parte permanente de su ingreso.
Reacción sindical
La medida también provocó una fuerte respuesta de la dirigencia sindical, que calificó la eliminación del presentismo como una modificación unilateral a las condiciones salariales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que el presentismo formaba parte de la estructura salarial habitual y que su supresión constituye “una pérdida de poder adquisitivo real” para los agentes estatales.
En este marco, algunos sindicatos advierten sobre la posibilidad de medidas de fuerza o reclamos judiciales si no hay instancias de negociación que permitan discutir las condiciones salariales afectadas por la medida.
Ajuste y racionalización del Estado
Según voceros oficiales, la eliminación del plus por presentismo forma parte de un plan más amplio de racionalización del gasto público y simplificación de la estructura salarial del Estado, en sintonía con otras políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo.
El debate por este cambio se da en un contexto de reformas económicas y laborales más amplias en Argentina, con voces enfrentadas entre quienes argumentan la necesidad de orden fiscal y quienes denuncian retrocesos en conquistas laborales históricas.
